La propiedad y privacidad de los datos personales están al centro del debate internacional desde hace más de 5 años y la migración masiva a nuestras vidas en línea en el último año fue la chispa que encandiló el BOOM mundial de este debate. Empresas como Apple han respondido a nuevas demandas de mercado; se calcula que la nueva configuración de privacidad del iPhone podría costar a Facebook y Google alrededor de 25 mil millones de dólares en los próximos 12 meses.
¿De dónde viene esta preocupación y qué consecuencias tiene la propiedad de nuestros datos en regulación?
La economía de datos generó, por primera vez en la historia, un intercambio económico concreto de creación de valor en el que actividades que podrían considerarse “pasivas”, como navegar por la web o ver redes sociales, generan datos que después sirven a las grandes empresas para ganar dinero. En consecuencia, se le considera un proceso de producción que crea relaciones laborales injustas porque el trabajador (persona que genera los datos) no recibe ninguna parte del dinero que ganan las empresas con los mismos.
Eticistas, académicos e incluso candidatos presidenciales han propuesto regulación de privacidad de datos para hacer frente a estos males sociales generados por la industria tecnológica.
Las regulaciones sobre los datos suelen ser de dos tipos. Por un lado están las Propietarias que diagnostican el origen de la injusticia de la digitalización en la ausencia de derechos formales de propiedad o de trabajo que regulen el proceso de producción. Estos movimientos pretenden que se les pague a los usuarios una cantidad representativa de las ganancias. Como consecuencia, se acabaría con los servicios gratuitos como mail o redes sociales y se pagaría a cada usuario entre 20 a 40 centavos de dólar al mes.
El segundo tipo de regulación es Dignataria y es más radical. La regulación dignataria va más allá de la afirmación de los derechos a los datos como propiedad. Niega por completo la mercantilización de los datos, basándose en un marco de derechos civiles y humanos para prohibir por completo el lucro de datos. Esta regulación tiene como objetivo negarse a todas las formas de pago de datos porque la sola acción viola los intereses privados de los ciudadanos.
Hay varias razones para ser escépticos frente a ambos tipos de regulación. La primera es de carácter práctico: poner en funcionamiento el tipo de sistema de micro-pagos complejo y exhaustivo que sugieren estas propuestas a la escala que requieren simplemente no es viable ni rentable. Además, esta supuesta solución de redistribución material no significa un mayor control de los sujetos sobre sus datos. Por último, pueden agravar ciertas violaciones de los derechos civiles y la privacidad que se producen en la economía digital; i.e. las corporaciones podrían usar tus datos biométricos con cualquier objetivo, sólo que bajo la regulación propietaria tendrían que comprarlos para hacerlo y en la dignataria bastaría con que fuera una cesión voluntaria.
A mi parecer, ninguna de estas posturas logra resolver las cuestiones más urgentes en torno a la gobernanza de los datos. Simplemente porque ninguna reconoce que la producción de datos genera tanto beneficios como riesgos para los individuos, y su enfoque - basado en los derechos legales de la libertad individual. En lugar de proponer derechos individuales de pago, la gobernanza de los datos debe concebirse como un proyecto de obligación democrática.
El valor de los datos no está en generar riqueza para el sujeto individual en lugar del sujeto corporativo, sino en tener gobernanza colectiva y democrática que permita concebir los datos como recurso democrático.
Es decir, no se tendría que sujetar el trato de datos a la voluntad individual, sino tratar a estos como un recurso colectivo sujeto a la ordenación democrática. La producción de datos requiere regímenes jurídicos que puedan comprender y administrar a una escala de población. Requerimos una gobernanza pública, en lugar de personal. Tener democracia digital significa que todos tenemos un derecho de participación en generar las reglas a las que nos rigen y esto se extiende al mundo digital.
Esta concepción transforma el proyecto de lograr la libertad en la economía de los datos, pasando de la reivindicación de la libertad individual a la consecución de condiciones positivas de libertad a través de la obligación colectiva. La gobernanza democrática de los datos nos permite hacer operativa la fuerza normativa del impacto que nuestras acciones en la economía digital tienen sobre los demás. También reformula la respuesta igualitaria a la acumulación injusta de riqueza, pasando de la devolución personal a la determinación colectiva de los fines para los que se desarrollan las infraestructuras de datos y la calidad de las relaciones en las que se produce la recogida de datos.
Lejos de ofrecer un terreno en el que imponer el ordenamiento privado del mercado, la gobernanza de los datos puede ampliar las esferas de la vida contemporánea plausiblemente recuperadas de la gobernanza privada. Concebir los datos como un recurso democrático puede, por lo tanto, lograr mejor la justicia relacional y distributiva y señalar el camino hacia el papel positivo y esencial que desempeñarán las infraestructuras de datos en cualquier prestación de bienestar estatal eficaz. La gobernanza de los datos presenta una oportunidad para saltar estas luchas en conjunto para desarrollar verdaderas alternativas.